El reciente Examen Nacional de Desempeño Directivo ha generado una gran controversia entre los directores de instituciones educativas públicas en Perú.
Más del 50% de los directivos que fueron evaluados no lograron aprobar, lo que implica su destitución y una posible crisis de liderazgo en las escuelas del país. Ante esta situación, un sector de los directores afectados ha solicitado la anulación del examen, argumentando que el proceso fue arbitrario y que no reflejó de manera justa su desempeño real. Según denuncian los directores desaprobados, la prueba no tomó en cuenta factores clave de su gestión, como:
En este contexto, muchos consideran que la evaluación se centra excesivamente en aspectos teóricos sin considerar la experiencia práctica y las dificultades estructurales a las que se enfrentan en el día a día.
Desde el Ministerio de Educación (Minedu), se ha defendido el examen como un mecanismo necesario para garantizar la idoneidad de los directivos escolares y mejorar la calidad educativa.
No obstante, expertos en educación advierten que la implementación de esta evaluación sin un plan de capacitación previo ni criterios contextualizados puede generar más perjuicios que beneficios, al dejar vacíos cientos de cargos en un momento crítico para el sistema. La pregunta que surge es:
